Red Rinde
Asociación Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial.

Trabajamos en ...

Formulación de políticas.


Ajustadas a las necesidades, la RED propone iniciativas y políticas enfocadas a alcanzar mayor desarrollo territorial con un enfoque de transparencia, eficacia, participación y autonomía.

Investigación y consultoría.


Desarrollo y ejecución de actividades de investigación cientifica en gobernabilidad, democracia y desarrollo territorial, incorporando experiencias locales, regionales, nacionales y mundiales.

Columnas de Opinión

Las limosnas regionales del centralismo

https://www.laorejaroja.com/las-limosnas-regionales-del-centralismo/

Nuestra vocación es regional, asimétrica y compleja por geografía, cultura y colores de piel. Pero la arquitectura constitucional, normativa e institucional hace gala de los modelos territoriales europeos y la centralización como un sino eterno imposible de superar: "ordenar para controlar" (Martha Herrera) o administrar desde el centro para que el caos parezca natural. Se "atempera" la anterior lectura con la invocación permanente del tímido principio de la descentralización o bajo un lenguaje más sofisticado, pero no menos limitado: el de autonomía territorial a la colombiana.

La tendencia territorial de la Revolución francesa y las lógicas blancas y eurocéntricas primaron a la hora de administrar los territorios. Invisibilizar, homogenizar y unificar, ha sido parte de la tarea territorial en la supuesta fase republicana. Es curioso, pero aún invocar otras formas de administración o de distribución del poder en Colombia, como el modelo federal, genera urticaria, por supuesto, una forma de Estado que también merece la lectura crítica y comparada, aún así, menos perversa que la identificada con la expresión de "regeneradora" y salvadora.

Sin duda, la forma federal, aún en su vertiente tradicional y europea, pudo ser una forma de Estado más amable que la reiterada en el pacto constitucional de 1991. Razones existen para justificar este error histórico. Lo que no se concibe es la asunción eterna de la forma unitaria del Estado, en mi criterio, ya agotado.

Bajo ese esquema, muchas décadas más nos tardará tomar decisiones de mayor calado en materia de organización territorial. Mientras tanto que la élite y las lógicas bogotanas administren el Chocó, la Minga, el Pacífico o el Amazonas.

Pensar en lógicas regionales en el marco de la homogeneidad, uniformidad e igualdad, tan propios de la Revolución francesa, no se hace fácil. Más cuando allí los niveles intermedios de gobierno nacieron para desconcentrar más que para descentralizar. Sus famosos cambios en lógica regional, todavía no cautivan el alma de los estudios de modelos territoriales más democráticos y descentralizados.

De igual forma, trabajar con las categorías tradicionales de las formas de Estado, tampoco aporta mucho. Tendremos que hacer un modelo territorial a la medida nuestra. Estado unitario, regional o autonómico o federal, ya no se pueden definir de forma clara a como lo hacía la doctrina hasta la década de los ochenta. Los fenómenos de hibridación, mestizaje, plurinacionalismo, étnicos, globalización, integración etc., no se hacen esperar.

Y las nominaciones constitucionales son insuficientes frente a la variedad de sus mismos textos como a los diversos nombres que adoptan los académicos a la hora de estudiar los temas territoriales: autonómico-federal, autonómico-unitario, federalismo unitario, unitario, regional y plurinacional, unitario regional, entre otras opciones. Incluso, Estados unitarios que tienen en su seno verdaderas regiones como sujetos políticos o con descentralización política, formas asimétricas de descentralización del poder, tema excepcional, pero posible en el mundo de las clasificaciones.

Se puede afirmar que los dos modelos tradicionales de Estado regional o federal son más generosos con la distribución territorial del poder, por lo menos en teoría. Me refiero a las regiones como verdaderos sujetos políticos, más allá de una simple descentralización, esa que tanto se invoca en Colombia, últimamente tan ligada al principio de la asociatividad territorial, cuyo ejemplo perfecto es la Región Administrativa y de Planificación RAP, que a la fecha deja pocos réditos (la misma historia para la futura Región como Entidad Territorial RET).

Más le debemos a la descentralización en temas de indicadores que al principio de la regionalización y sus limitadas opciones de configuración y consolidación. Este principio tendremos que arrebatarlo al Estado centro, desde los territorios, desde la base, desde los movimientos sociales.

Tres principios: descentralización, autonomía y regionalización están agotados en el marco del Estado unitario. Debe hacerse una lectura más agresiva o poderosa de la distribución del poder en Colombia. El Estado unitario debe mutar o desarrollarse en verdadera lógica de democratización del territorio.

Bajo estas premisas, el proyecto de Ley de Regiones (a punto de sanción), es más de lo mismo. Apenas le arrebatamos limosnas al Estado centro que cede a su lento y saboteador ritmo en materia de poder.

La acumulación de poder que ha logrado el Estado centro es vasta y, no está dispuesto, a otorgarlo a los territorios tan fácilmente y por el simple slogan de la "democratización territorial" o la "construcción del Estado en los territorios".


Liliana Estupiñan

*Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas/abogada.

*Académica, investigadora y consultora en Derecho Constitucional y Régimen Territorial.

*Directora del Grupo de Investigación en Derecho Constitucional Nacional y Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre.

*Miembro RED RINDE.

Región política y realidad territorial

Publicado originalmente: https://www.elespectador.com/opinion/region-politica-y-realidad-territorial-columna-859908?fbclid=IwAR3eMmb-SfCOWljfQjfsBup_N-fEN6TZryapnJeS8_x86V5IRaB-EdhWDjQ

El Congreso está enviando por estos días, para sanción presidencial, el texto conciliado del proyecto de ley que desarrolla los artículos 306 y 307 de la Constitución, sobre la conformación de regiones. Tuve a la vista el articulado que publicó la Gaceta nº 216 del pasado 9 de abril y, sin necesidad de examinarlo en detalle, aparece en él una aporía: las regiones en Colombia son una realidad política, geográfica y social, que el establecimiento pretende gobernar con unas leyes que ignoran la realidad geográfica, política y social. Es como si hubiera dos clases de regiones: la que bulle en la vida cotidiana de los colombianos y la que los gobiernos dibujan en las leyes.

Más allá de los debates inherentes al tema, probablemente, ningún colombiano dejaría de suscribir la afirmación de que "Colombia es un país de regiones". En efecto, la región Caribe, la vieja Antioquia, el altiplano cundiboyacense, los Santanderes, el Tolima grande, los Llanos Orientales, el macizo del sur, son pedazos de geografía, pero también de historia y de cultura que guardan una identidad y, con ella, unas esperanzas. En otras palabras, la región, en una sociedad plural como la nuestra, supone una problemática cruzada de arriba abajo por la sociología que, por lo mismo, solo se resuelve a través de la política. La materia prima de la región es la gente.

No es así como la miran los gobiernos. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), aprobada en el año 2011, le dio tratamiento técnico a un problema político. Basta recordar cómo diversos sectores de la región Caribe, hace cerca de diez años, promovieron una movilización social que obtuvo más de dos millones y medio de votos, para presionar la conformación de su región "como una entidad territorial de derecho público, con autonomía para la gestión de sus intereses". El Gobierno se apresuró a neutralizar el proceso, afirmando que el resultado de la votación sería apenas indicativo.

De allí salió una LOOT, que los líderes del movimiento calificaron de "inicua, inocua y vacua" porque para adoptar aquel texto no hubiera sido necesaria la Constitución del 91. Lo mismo ocurre hoy con la ley de regiones que está pendiente de sanción presidencial. Su objetivo es fortalecer la Región Administrativa y de Planificación (RAP) y hacer de la Región como Entidad Territorial (RET) una Junta de Gobernadores dirigida por un gerente en cuya designación nada tiene que ver el ciudadano. Eso es contrario a la Constitución.

El problema, por supuesto, tiene origen en la propia Constitución: si crear una región como entidad territorial supone que dos o más entidades territoriales (departamentos) se unan para conformar algo que no es entidad territorial (RAP) y luego los procedimientos dificulten la creación de la RET es un contrasentido. Gracias a él la inefable ley de regiones está cercenando la autonomía que la misma Constitución reconoce como derecho de las entidades territoriales en materia de elección de sus autoridades y de participación en las rentas nacionales.

Es increíble: la autonomía territorial es un mandato del Constituyente para encarar el futuro. Pero los gobiernos nacionales la siguen confundiendo con descentralización. Eso es apostarle al pasado. Por Dios: las crisis no se resuelven insistiendo en los mismos factores que la produjeron. No hay peor invidente que el que no quiere ver.

Augusto Trujillo @Inefable1

* Exsenador, profesor universitario.

*Miembro RED RINDE