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Columnas de Opinión

¿Lectura bogotana del mundo de los abogados?

https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-online/educacion-y-cultura/lectura-bogotana-del-mundo-de-los-abogados

Los abogados hacemos estudios sobre el mundo de los abogados. Necesario pero complejo ejercicio de la sociología jurídica. Estudiarnos a nosotros mismos comporta varios problemas, desde el lugar donde estemos ubicados podemos caer en apreciaciones subjetivas, intereses personales, la adulación de instituciones, universidades, académicos o doctrinantes con quienes queremos interactuar o congraciarnos, opción moralmente deplorable, o en una línea más extrema, posar de neutrales y objetivos y pasar a la construcción de clasificaciones crudas y fuertes, que, en mi criterio, podrían viciar el acercamiento cualitativo y cuantitavo de estas investigaciones, y afectar a miles de seres humanos que son victimas de un perverso sistema del mercado y de la privatización de la educación en Colombia. Cualquier extremo es cuestionable desde el punto de vista moral y científico.

Celebro cada vez que aparecen escritos e investigaciones sobre el mundo de los abogados. Ni más faltaba, se esperan estudios críticos que permitan reconstruir esta profesión que presenta dificultades de acceso, calidad, costo, formación y ejercicio. Una sociedad inequitativa como esta no puede ofrecer otros resultados en el tema de la educación jurídica y sus consecuencias en el ejercicio profesional.

Los resultados son preocupantes. Para la muestra un botón, los datos que trae a colación el estudio que es objeto de esta columna (Abogados sin reglas), hablan por sí solos: el número excesivo de juristas cuya tasa es de 568 por cada 100.000 habitantes (2016) o la cantidad de graduados en Derecho, que según el documento es tres veces mayor que la de los médicos, 13 veces mayor que la de los biólogos, casi 28 veces mayor que la de sociólogos y 84 veces mayor que la de geólogos. Solamente para el año 2015 se habla de 13.915 graduados en Derecho.

Germán Silva García y Mauricio García Villegas, entre otros, han realizado aportes significativos para entender el mundo de los abogados en Colombia. Silva García, uno de los pioneros de esta área de investigación, ya denunciaba en el año 2001 (El mundo real de los abogados y de la justicia) las consecuencias de la Ley 30 de 1992.

Por su parte, el último texto de Mauricio García Villegas, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, y María Adelaida Ceballos Bedoya, de la Eafit (los dos de pregrado de la ciudad de Medellín), titulado, como ya se anotó anteriormente, Abogados sin reglas -síntesis que reúne los aspectos más relevantes de una extensa investigación académica elaborada por ellos en Dejustica-, presenta una radiografía del mundo jurídico, con serios datos que ameritan diversas discusiones y reflexiones sobre la situación de este campo. Los datos son preocupantes.

Esta investigación, sin duda, constituye el mayor soporte de la última Ley 1905 del 2018, que regula el tema de la certificación de aprobación de Examen de Estado al que se someterán los egresados de los programas de Derecho. Examen elaborado por el Consejo Superior de la Judicatura o la institución de educación superior acreditada en alta calidad que se contrate para tal fin. Prueba que, al superarse, habilita la expedición de la tarjeta profesional.

El texto tiene un interesante apartado dedicado al tema de los juristas, el mercado y la desigualdad, en donde los autores presentan unas causas de la crisis del campo jurídico. La desregulación, el exceso de autonomía universitaria, el déficit de la capacidad estatal, la educación sesgada por la condición económica, el apartheid profesional, la feminización con techo de cristal y la prevalencia del mercado, entre otras razones.

Coincido con estas causas de la perversión del sistema, a las cuales se agregan las lógicas mafiosas, clientelares y políticas, la puerta giratoria entre todas las opciones profesionales que tienen los abogados (de magistrado a litigante, de litigante consultor a ministro, etc.), eso sí, agregando el modelo económico, el desprecio por la educación pública, la "democratización" y también la elitización de la educación jurídica y del acceso al ejercicio profesional que se proyecta.

El mayor reparo que tengo frente a dicho estudio está en la metodología utilizada para llevar a cabo la clasificación de las universidades, la generalización y la construcción de todas las conclusiones, inferencias y análisis que se realizan a partir del mismo ejercicio clasificatorio. La metodología, es en mi criterio, básica, cruda, elitista y bogotana.

A partir de la calidad y costo de los programas crean una tipología de la educación jurídica en Colombia. La calidad se mide a partir de los procesos de acreditación tanto de facultades como de las correspondientes instituciones que los regentan y los resultados de las pruebas Saber Pro. Para el tema de los costos, toman como punto de partida el promedio del costo de todos los pregrados, que, según ellos, en el 2015 era de aproximadamente 3.400.000 pesos o 1.186 dólares.

Así clasifican las instituciones en élite privada de alto costo (15 pregrados, 12 % matriculados), élite pública de bajo costo (5 pregrados oficiales y 4 % de los matriculados), estas dos categorías calificadas como de alta calidad. Y dentro de la calidad baja, ubican a las universidades de no élite de alto costo (30 pregrados privados y 14 % de los matriculados) y no élite de bajo costo (128 pregrados: 31 oficiales y 97 privados y 70 % de los matriculados). No se mencionan los listados ni las instituciones, pero durante todo el texto se hace referencia a varias de ellas de forma explícita. Así, por ejemplo, quien escribe esta columna se presentará a partir de la fecha, y conforme a esta clasificación, como una egresada de un programa de no élite de alto costo (baja calidad). Saquen conclusiones.

Al final, terminan asumiendo la responsabilidad del preocupante panorama: las instituciones, la comunidad académica y los egresados. El sillón donde se lleva a cabo la infidelidad, en otras palabras.

No niego que en este sistema perverso muchos tienen la culpa, entre otros, el modelo económico, la denominada democratización, privatización y elitización de la educación, el uso abusivo del principio de la autonomía universitaria y de las comunidades académicas en las que incluyo desde los fundadores, máximos directivos y hasta los profesores, muchos de los cuales disfrutan del caos, entran en una zona de confort y de baja producción, o incluso, en los casos más preocupantes son docentes de carrera de tres o más universidades al mismo tiempo y en supuestas jornadas completas.

Ni hablar de las condiciones laborales en las que están cientos y miles de docentes, muchos doctores sin el estatus y el reconocimiento suficiente para suplir de forma digna sus básicas necesidades, todavía conciben el mundo de la docencia como un hobby. Responsabilidad de todos, no hay duda. Pero seguiría en el sillón de la infidelidad. Por lo tanto, no puedo desconocer los máximos responsables de esta compleja situación: el marco internacional, las presiones de actores internacionales para llevar a cabo reformas internas de apertura que abrieron el camino a esta diáspora, el papel débil del Estado, el abandono de la educación superior y su entrega a los brazos del mercado y de la libre competencia. Un Estado que está convencido que el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior es suficiente para controlar lo ya incontrolable.

El marco utilizado puede servir, los datos son valiosos, pero la clasificación que realizan merece una revisión por parte de expertos en estos asuntos, además de la lectura de los datos, la construcción de la escritura y el componente cuidadoso que se debe tener cuando de humanos y afectaciones se trata.

De todas formas, bienvenido el debate. De eso se trata, así son los textos. La ciencia debe cumplir una labor transformadora. Las tres salidas que se proponen: examen de Estado, inscripción en colegio de abogados y control disciplinario puede que sirvan, tengo mis dudas, pero es más de lo mismo. El debate está abierto. Una nueva contribución para el estudio del mundo de los abogados.

Nota: Revisar importante estudio elaborado por Antonio Milla (Revista Republicana - Universidad Republicana), titulado Ranking y estado de la investigación en las Facultades de Derecho de Colombia. Otras formas de ver el mundo de los abogados.

Liliana Estupiñan

*Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas/abogada.

*Académica, investigadora y consultora en Derecho Constitucional y Régimen Territorial.

*Directora del Grupo de Investigación en Derecho Constitucional Nacional y Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre.

*Vicepresidente RED RINDE.

Las limosnas regionales del centralismo

https://www.laorejaroja.com/las-limosnas-regionales-del-centralismo/

Nuestra vocación es regional, asimétrica y compleja por geografía, cultura y colores de piel. Pero la arquitectura constitucional, normativa e institucional hace gala de los modelos territoriales europeos y la centralización como un sino eterno imposible de superar: "ordenar para controlar" (Martha Herrera) o administrar desde el centro para que el caos parezca natural. Se "atempera" la anterior lectura con la invocación permanente del tímido principio de la descentralización o bajo un lenguaje más sofisticado, pero no menos limitado: el de autonomía territorial a la colombiana.

La tendencia territorial de la Revolución francesa y las lógicas blancas y eurocéntricas primaron a la hora de administrar los territorios. Invisibilizar, homogenizar y unificar, ha sido parte de la tarea territorial en la supuesta fase republicana. Es curioso, pero aún invocar otras formas de administración o de distribución del poder en Colombia, como el modelo federal, genera urticaria, por supuesto, una forma de Estado que también merece la lectura crítica y comparada, aún así, menos perversa que la identificada con la expresión de "regeneradora" y salvadora.

Sin duda, la forma federal, aún en su vertiente tradicional y europea, pudo ser una forma de Estado más amable que la reiterada en el pacto constitucional de 1991. Razones existen para justificar este error histórico. Lo que no se concibe es la asunción eterna de la forma unitaria del Estado, en mi criterio, ya agotado.

Bajo ese esquema, muchas décadas más nos tardará tomar decisiones de mayor calado en materia de organización territorial. Mientras tanto que la élite y las lógicas bogotanas administren el Chocó, la Minga, el Pacífico o el Amazonas.

Pensar en lógicas regionales en el marco de la homogeneidad, uniformidad e igualdad, tan propios de la Revolución francesa, no se hace fácil. Más cuando allí los niveles intermedios de gobierno nacieron para desconcentrar más que para descentralizar. Sus famosos cambios en lógica regional, todavía no cautivan el alma de los estudios de modelos territoriales más democráticos y descentralizados.

De igual forma, trabajar con las categorías tradicionales de las formas de Estado, tampoco aporta mucho. Tendremos que hacer un modelo territorial a la medida nuestra. Estado unitario, regional o autonómico o federal, ya no se pueden definir de forma clara a como lo hacía la doctrina hasta la década de los ochenta. Los fenómenos de hibridación, mestizaje, plurinacionalismo, étnicos, globalización, integración etc., no se hacen esperar.

Y las nominaciones constitucionales son insuficientes frente a la variedad de sus mismos textos como a los diversos nombres que adoptan los académicos a la hora de estudiar los temas territoriales: autonómico-federal, autonómico-unitario, federalismo unitario, unitario, regional y plurinacional, unitario regional, entre otras opciones. Incluso, Estados unitarios que tienen en su seno verdaderas regiones como sujetos políticos o con descentralización política, formas asimétricas de descentralización del poder, tema excepcional, pero posible en el mundo de las clasificaciones.

Se puede afirmar que los dos modelos tradicionales de Estado regional o federal son más generosos con la distribución territorial del poder, por lo menos en teoría. Me refiero a las regiones como verdaderos sujetos políticos, más allá de una simple descentralización, esa que tanto se invoca en Colombia, últimamente tan ligada al principio de la asociatividad territorial, cuyo ejemplo perfecto es la Región Administrativa y de Planificación RAP, que a la fecha deja pocos réditos (la misma historia para la futura Región como Entidad Territorial RET).

Más le debemos a la descentralización en temas de indicadores que al principio de la regionalización y sus limitadas opciones de configuración y consolidación. Este principio tendremos que arrebatarlo al Estado centro, desde los territorios, desde la base, desde los movimientos sociales.

Tres principios: descentralización, autonomía y regionalización están agotados en el marco del Estado unitario. Debe hacerse una lectura más agresiva o poderosa de la distribución del poder en Colombia. El Estado unitario debe mutar o desarrollarse en verdadera lógica de democratización del territorio.

Bajo estas premisas, el proyecto de Ley de Regiones (a punto de sanción), es más de lo mismo. Apenas le arrebatamos limosnas al Estado centro que cede a su lento y saboteador ritmo en materia de poder.

La acumulación de poder que ha logrado el Estado centro es vasta y, no está dispuesto, a otorgarlo a los territorios tan fácilmente y por el simple slogan de la "democratización territorial" o la "construcción del Estado en los territorios".


Liliana Estupiñan

*Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas/abogada.

*Académica, investigadora y consultora en Derecho Constitucional y Régimen Territorial.

*Directora del Grupo de Investigación en Derecho Constitucional Nacional y Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre.

*Vicepresidente RED RINDE.

Región política y realidad territorial

Publicado originalmente: https://www.elespectador.com/opinion/region-politica-y-realidad-territorial-columna-859908?fbclid=IwAR3eMmb-SfCOWljfQjfsBup_N-fEN6TZryapnJeS8_x86V5IRaB-EdhWDjQ

El Congreso está enviando por estos días, para sanción presidencial, el texto conciliado del proyecto de ley que desarrolla los artículos 306 y 307 de la Constitución, sobre la conformación de regiones. Tuve a la vista el articulado que publicó la Gaceta nº 216 del pasado 9 de abril y, sin necesidad de examinarlo en detalle, aparece en él una aporía: las regiones en Colombia son una realidad política, geográfica y social, que el establecimiento pretende gobernar con unas leyes que ignoran la realidad geográfica, política y social. Es como si hubiera dos clases de regiones: la que bulle en la vida cotidiana de los colombianos y la que los gobiernos dibujan en las leyes.

Más allá de los debates inherentes al tema, probablemente, ningún colombiano dejaría de suscribir la afirmación de que "Colombia es un país de regiones". En efecto, la región Caribe, la vieja Antioquia, el altiplano cundiboyacense, los Santanderes, el Tolima grande, los Llanos Orientales, el macizo del sur, son pedazos de geografía, pero también de historia y de cultura que guardan una identidad y, con ella, unas esperanzas. En otras palabras, la región, en una sociedad plural como la nuestra, supone una problemática cruzada de arriba abajo por la sociología que, por lo mismo, solo se resuelve a través de la política. La materia prima de la región es la gente.

No es así como la miran los gobiernos. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), aprobada en el año 2011, le dio tratamiento técnico a un problema político. Basta recordar cómo diversos sectores de la región Caribe, hace cerca de diez años, promovieron una movilización social que obtuvo más de dos millones y medio de votos, para presionar la conformación de su región "como una entidad territorial de derecho público, con autonomía para la gestión de sus intereses". El Gobierno se apresuró a neutralizar el proceso, afirmando que el resultado de la votación sería apenas indicativo.

De allí salió una LOOT, que los líderes del movimiento calificaron de "inicua, inocua y vacua" porque para adoptar aquel texto no hubiera sido necesaria la Constitución del 91. Lo mismo ocurre hoy con la ley de regiones que está pendiente de sanción presidencial. Su objetivo es fortalecer la Región Administrativa y de Planificación (RAP) y hacer de la Región como Entidad Territorial (RET) una Junta de Gobernadores dirigida por un gerente en cuya designación nada tiene que ver el ciudadano. Eso es contrario a la Constitución.

El problema, por supuesto, tiene origen en la propia Constitución: si crear una región como entidad territorial supone que dos o más entidades territoriales (departamentos) se unan para conformar algo que no es entidad territorial (RAP) y luego los procedimientos dificulten la creación de la RET es un contrasentido. Gracias a él la inefable ley de regiones está cercenando la autonomía que la misma Constitución reconoce como derecho de las entidades territoriales en materia de elección de sus autoridades y de participación en las rentas nacionales.

Es increíble: la autonomía territorial es un mandato del Constituyente para encarar el futuro. Pero los gobiernos nacionales la siguen confundiendo con descentralización. Eso es apostarle al pasado. Por Dios: las crisis no se resuelven insistiendo en los mismos factores que la produjeron. No hay peor invidente que el que no quiere ver.

Augusto Trujillo @Inefable1

* Exsenador, profesor universitario.

*Miembro RED RINDE